By Juan Pedro Velázquez
This is a portrait of the actual state of politics and economy in the present-day Spain, in which the author explains how high business powers are in complicity with those in politics and the state, and how this scenario poses an obstacle to society's development, the economy and the country in general.
The author also proposes that as a matter of survival, Spain does not have choice; the country needs to change its economic model.
While reading this book, somehow I had the sense at times that I was reading about my country, Mexico.
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My Rating: 8/10
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Los españoles, dicen los expertos, son analfabetos económicos, pero el analfabetismo nunca ha sido responsabilidad del sujeto, sino de los poderes públicos que no se encargaron de enseñarle a leer obligatoriamente.
En la economía española ya circula más dinero obtenido por la revalorización de acciones o depósitos, por ejemplo, que el procedente de los salarios.
La rebaja de las retribuciones que perciben la gran mayoría de los asalariados españoles es, junto al altísimo desempleo, la causa principal de la debilidad del consumo de las familias, principal motor.
La concentración del poder político y económico en unas pocas manos es uno de los grandes males de España y también una de las causas de su atraso con respecto a los países más avanzados de Europa.
Esta complicidad entre los poderosos crea el caldo de cultivo ideal para la corrupción, otro de los grandes males que aqueja al país en este comienzo de siglo. Durante mucho tiempo creímos que la corrupción era cosa de unos pocos constructores y concejales de urbanismo, pero en los últimos años hemos comprobado que la práctica del enriquecimiento ilegal está institucionalizada y que a menudo nuestros gobernantes actúan más como miembros de una banda del crimen organizado que como líderes de una democracia avanzada.
La banca española es uno de los sectores en los que el poder se está concentrando cada vez en menos manos. Como consecuencia del desplome de las cajas de ahorros, de 50 entidades financieras que había en España en 2009 hemos pasado a tener solo 14. El país va a salir de la crisis con solo tres entidades de gran tamaño: Santander, BBVA y Caixabank, cuyos directivos atesoran hoy más poder que nunca. Entre ellas controlan prácticamente el 50 por ciento del mercado bancario, algo que jamás había sucedido en la historia de España.
«el camino hacia el poder está asfaltado con hipocresía y víctimas».
La alianza entre los poderosos es en buena parte responsable del retraso tecnológico y de la falta de competitividad de España frente a otras economías industriales.
¿Quién se atreve a crear una empresa o a lanzarse a competir sabiendo que otros cuentan con el favor del Gobierno, de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento? Consciente de tener asegurado el negocio, la compañía privilegiada por los políticos de turno no tendrá la necesidad de invertir en I+D, mejorar la calidad del servicio o bajar sus precios. En suma, no creará riqueza.
Capitalismo clientelar o capitalismo de amiguetes; un sistema con apariencia de mercado libre pero que otorga un trato preferente a determinadas personas bien relacionadas.
«élites extractivas»: personas con buenas conexiones políticas que se apoderan de las rentas generadas por la economía productiva. El hartazgo causado por los abusos de estas élites extractivas es cada vez más manifiesto y está detrás del auge del movimiento independentista de Cataluña —paradójicamente alentado por parte de sus propias élites extractivas—, de la popularidad de alternativas políticas como Podemos y de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Nadie —ni los políticos, ni los banqueros, ni la prensa, ni los organismos encargados de supervisar el buen funcionamiento de los mercados— hizo sonar las alarmas. ¿Por qué? Porque todos estaban a lo suyo.
Asfixiados por las deudas, todos los grandes periódicos están hoy en manos de los bancos o de empresarios con nula vocación de servicio público. Incumpliendo la misión que la sociedad les otorga, hay periódicos, emisoras de radio y cadenas de televisión que han dejado de ofrecer a los ciudadanos información veraz, rigurosa e independiente sobre los manejos de la oligarquía política, empresarial y financiera.
En ocasiones da la impresión de que los políticos y los grandes empresarios nos tratan como a niños o, sencillamente, como a imbéciles. Pero no se trata de que los ciudadanos seamos tontos; es que estamos tan mal formados como informados.
La desigualdad ha pasado a ocupar un primer plano, al menos en los círculos académicos, políticos y periodísticos, gracias al éxito del libro El capital en el siglo xxi, del economista francés Thomas Piketty. La obra sostiene que las desigualdades seguirán creciendo mientras las rentas del capital aumenten a mayor ritmo que las rentas del trabajo.
En España no tenemos un Bill Gates, un Steve Jobs o un Mark Zuckerberg. Los creadores de gigantes tecnológicos como Microsoft, Apple y Facebook se hicieron ricos a base de explorar nuevos territorios, comenzando a trabajar en un garaje o en la habitación de un colegio mayor con sus ideas como principales herramientas. Reconozcámoslo, aunque nos duela: España no es país para emprendedores e innovadores.
Salvo contadas excepciones, los ricos españoles han hecho su dinero gracias a las concesiones de obras, los contratos de suministro y la recalificación de terrenos, casi siempre a la sombra de las decisiones políticas.
Esta situación frena la modernización de la economía porque al privilegiar a unos pocos agentes con buenas conexiones desincentiva la aparición en escena de nuevos actores más eficientes e innovadores.
Según un informe de Credit Suisse, el 10 por ciento más rico de los españoles poseía en 2014 el 55,6 por ciento de la riqueza, 3,6 puntos porcentuales más que al comienzo de la crisis.
Al repasar la lista de Forbes llama la atención que la mayoría de los ricos españoles guarda su dinero fuera del país. Según la revista, muchos de ellos tienen su fortuna en lugares como Países Bajos, Luxemburgo y Suiza. Los motivos son las ventajas fiscales, en el caso de los dos primeros, y el secreto bancario en el del tercero.
Mercadona es, sin duda, uno de los modelos empresariales de mayor éxito en España. Su principal accionista, Juan Roig, ha construido desde Valencia un imperio capaz de plantar cara a gigantes como Carrefour o El Corte Inglés.
Uno de los hombres más ricos e influyentes de España fue hasta su fallecimiento, en 2007, Jesús de Polanco, máximo accionista del Grupo Prisa y uno de los empresarios más cercanos a los gobiernos de Felipe González. Su fortuna prácticamente se ha evaporado debido a la caída del valor en bolsa de la compañía y a que la familia controla un porcentaje cada vez menor del capital debido a la entrada de nuevos accionistas. La cuestionada gestión de quien fuera su mano derecha en el grupo de comunicación más importante de España, Juan Luis Cebrián, ha colocado al grupo al borde de la quiebra. Con una deuda que llegó a superar los 5.000 millones de euros, Prisa ha tenido que ser rescatada por los bancos acreedores, especuladores estadounidenses y hombres de negocios mexicanos conectados con el presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los hijos de Jesús de Polanco —Ignacio, María Jesús y Manuel (Isabel, destinada a heredar el timón del grupo, falleció ocho meses después que su padre)— han dicho adiós a buena parte del dinero heredado del magnate cántabro. A su muerte, Jesús de Polanco poseía la quinta fortuna de España.
Tras la reestructuración del mercado bancario, el poder económico se ha concentrado también geográficamente, al abandonar las comunidades autónomas periféricas y centrar aún más la toma de decisiones en Madrid y Barcelona. El desastre de las cajas de ahorros ha hecho desaparecer entidades que desempeñaban un papel clave en la financiación de pequeñas y medianas empresas en muchos rincones del país a los que no llegaba la banca tradicional.
Mientras que los grandes bancos han centrado tradicionalmente sus actividades en grandes operaciones, participaciones industriales y gestión de patrimonios, las cajas se dedicaban sobre todo a la llamada banca de proximidad, dando crédito a la economía productiva. Es decir, daban préstamos a quienes no podrían conseguirlo en los bancos. Varias comunidades se han quedado sin entidades capaces de apoyar iniciativas empresariales, culturales y sociales.
Como si de los Astérix y Obélix del sistema financiero se trataran, dos entidades, las cajas de ahorros de Ontinyent (Valencia) y Pollença (Mallorca) se han resistido a caer. Ambas se mantuvieron al margen de compras, fusiones y nacionalizaciones y han optado por no convertirse en bancos. Caixa Ontinyent fue fundada en 1884 y hasta 1965 solo tuvo una sucursal. En 2014 tenía 47 oficinas repartidas por toda la Comunidad Valenciana. Algo más pequeña pero también centenaria, Caixa Pollença centra su actividad en las islas Baleares, donde tiene 17 sucursales. Ambas cajas se mantienen fieles a su espíritu original: dar apoyo a los pequeños empresarios locales y reinvertir los beneficios en sus respectivas comunidades.
¿Cómo ejerce la banca su influencia en el poder político? Principalmente, financiando proyectos que interesan a los responsables de una administración —inversiones de determinadas empresas, obras públicas, etcétera— o ayudando al Estado a sortear los problemas financieros derivados de la crisis; por ejemplo, con la compra masiva de bonos del Tesoro, como ha sucedido en los últimos años para evitar una subida excesiva de la prima de riesgo y salvar a España del rescate.
La banca siempre gana: son empresas privadas cuando tienen beneficios y públicas cuando pierden. Al capitalizar los beneficios y socializar las pérdidas, se reserva para sí lo mejor del capitalismo y deja lo peor para los demás.
¿Son delincuentes los dirigentes de los bancos que contribuyeron a causar la crisis? Como decía John Cassidy en la revista The New Yorker, los responsables de lo sucedido no son particularmente inteligentes ni particularmente tontos, sino personas carentes de escrúpulos; gente que ha sabido cultivar ciertas amistades y que tuvieron la suerte de estar en el lugar adecuado durante la burbuja de crédito y el todo vale. Son, claramente, personas codiciosas y negligentes, como sostiene Cassidy, pero no es fácil probar ante los tribunales que cometieron fraude.
El único condenado hasta finales del año 2014 por el caso Caja Madrid es el juez Elpidio Silva, que no podrá volver a ejercer su profesión por haber encarcelado a Miguel Blesa de manera irregular. Aunque su condena sea justa con la ley en la mano, no deja de ser una ironía que los directivos de Bankia lleven una vida normal mientras el juez Silva está inhabilitado. Como el caso de Alfredo Sáenz, el banquero del Santander indultado por el Gobierno, la rápida condena al juez Silva alimenta la sospecha de que la ley no se aplica con el máximo rigor a los más poderosos.
En una ocasión Botín se presentó ante el rey Juan Carlos vestido con pantalón corto rojo, polo del mismo color y zapatillas deportivas. Fue en un hotel de Brasil y el presidente del Santander venía de jugar al golf. La anécdota ilustra cómo el primer banquero de España creía estar por encima de todo protocolo. Daba igual quién estuviera delante: el poderoso era él.
Botín siempre apoyó al gobierno de turno, sin importar si era del Partido Socialista o del Partido Popular, seguro de que ninguno osaría llevarle la contraria en asuntos de relevancia. Con frecuencia utilizaba con los políticos un tono paternalista, como dándoles una palmada en la espalda y diciéndoles: «Lo estáis haciendo bien, muchachos».
A Francisco González, presidente del BBVA, le gusta presentarse como un banquero de corte anglosajón, celosamente independiente y ajeno a las intrigas del poder político. Para diferenciarse de quien fuera su gran rival, Emilio Botín, González presume de que no necesita influir en los gobiernos para hacer negocios.
La actitud displicente del exlíder del PSOE es una muestra de lo alejadas que las élites están del ciudadano de a pie y de la nula preocupación que muchos políticos sienten por los conflictos de intereses entre sus actividades públicas y privadas. ¿Qué pensarían los miles de pequeños accionistas de Gas Natural al oír que uno de los consejeros de la compañía se aburre en las reuniones? ¿Y los ciudadanos, que prácticamente no tienen otra opción a la hora de contratar el suministro de gas y que pagan por él una fortuna?
A José María Aznar tampoco le va mal económicamente tras entrar en el mundo de los negocios. Un político con una agenda como la suya abre muchas puertas y consigue que ministros y altos cargos reciban a representantes de empresas interesadas en hacerse con suculentos contratos. El expresidente del Gobierno es asesor externo de la presidencia de Endesa, y por ello recibe una retribución de 200.000 euros al año. Es también consejero del grupo de comunicación News Corporation, propiedad del magnate Rupert Murdoch, donde gana una cantidad similar. Además da clases en la Universidad de Georgetown y en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), asesora al Consejo Atlántico y preside la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), un centro de estudios vinculado al PP. Como conferenciante, cobra entre 25.000 y 40.000 dólares por intervención, según la página web del Washington Speaker Bureau, una empresa de contratación de figuras de la política, el deporte y la motivación que tiene a Aznar en su catálogo de expertos. Los honorarios del expresidente corresponden a la tarifa 5, la segunda más cara de la lista.
Para justificar el fichaje de políticos las empresas suelen argumentar que se trata de personas de experiencia y criterio, pero en realidad no se les contrata por su competencia profesional o su conocimiento técnico del sector en cuestión, sino por sus contactos, su dominio de los resortes del poder o simplemente por su mera pertenencia a una casta dominante que no suele dejar tirados a sus miembros.
Por ello el fenómeno de las puertas giratorias se da con más frecuencia en mercados como la energía, la banca, las telecomunicaciones o la asistencia sanitaria, en los que la cuenta de resultados de una empresa depende en buena parte de la regulación y la supervisión del Gobierno. Cualquier decisión en esta materia puede suponer decenas o centenares de millones de euros de beneficios o pérdidas. Es un fenómeno que no solo se da en España: el alemán Gerhard Schröder fichó por Gazprom tan solo semanas después de que el gobierno que presidía llegase a un acuerdo de aprovisionamiento de gas con la empresa rusa.
Los dirigentes empresariales españoles buscan, por regla general, rodearse de una corte de colaboradores fieles que no pongan en cuestión ni su liderazgo ni sus decisiones, por equivocadas o poco éticas que sean, y dan entrada en sus consejos de administración a personas que, en muchos casos, defienden sus propios intereses y los de los gestores en lugar de los de los accionistas, auténticos propietarios de las empresas. El llamado buen gobierno empresarial brilla por su ausencia en demasiadas ocasiones.
En su obra El nuevo estado industrial, Galbraith describe el capitalismo de las grandes corporaciones como una excrecencia del mundo neoclásico del monopolio y el oligopolio. En ellas los accionistas tienen un poder despreciable y quienes realmente las gobiernan son los ejecutivos, más pendientes de los beneficios a corto plazo que del futuro de la compañía.
Tradicionalmente ser nombrado consejero de una gran empresa era la culminación de toda una carrera. A partir de ahí, con demasiada frecuencia, la única preocupación de los consejeros era mantenerse en el puesto sin importar cómo, diciendo siempre sí a los jefes en agradecimiento. Con estas y otras artimañas, los ejecutivos se han hecho con todo el poder en algunas empresas y las gestionan a su antojo, apenas sin control. Por todo ello no es extraño que el World Competitiveness Report del Foro Económico Mundial coloque a España en el puesto número 93 en lo que se refiere a la efectividad de los consejos de administración.
Los consejeros dominicales habitualmente representan a los grandes accionistas de la compañía, mientras que los independientes, supuestamente ajenos a los intereses de la empresa, velan por los intereses de todos. Entre la labor de los consejeros no ejecutivos está el hacer preguntas sobre la marcha de la compañía, por incómodas que sean para los ejecutivos. Deben tener un conocimiento profundo sobre el negocio de la empresa y no limitarse a acudir a los consejos a sentarse cómodamente y llevarse sus dietas. Es imprescindible que adopten una posición crítica, constructiva, algo que desgraciadamente no sucede en demasiadas ocasiones.
Se supone que los consejeros independientes son personas de alta capacitación que prestan a la empresa sus conocimientos y su experiencia. Desgraciadamente, la tradición española no otorga a este tipo de consejeros el valor que exigen las normas de buen gobierno. En muchos casos, como hemos visto, se eligen personas ligadas a partidos políticos y con intereses en otras compañías.
«España tiene los mejores directivos del mundo», dijo en una ocasión César Alierta. Es difícil saber si el presidente de Telefónica está en lo cierto, pero lo que sí es seguro es que los directivos españoles están entre los mejor pagados, sobre todo si comparamos sus retribuciones con el tamaño de nuestra economía y con lo que gana el grueso de los asalariados.
Según un estudio de la escuela de negocios EADA y la consultora de recursos humanos ICSA, el salario medio de los directivos creció un 16,9 por ciento entre 2007 y 2013, mientras que los sueldos de los empleados de base lo hicieron solo en un 8,78 por ciento y el de los puestos intermedios un 4,9 por ciento. Teniendo en cuenta que la inflación acumulada en ese periodo fue del 13,5 por ciento, vemos que los directivos han sido los únicos asalariados que han incrementado su poder adquisitivo.
El ejecutivo mejor pagado de España es Pablo Isla, presidente de Inditex. Entre sueldo y pensión, Isla se embolsó 7,9 millones de euros en 2013. Es precisamente la empresa textil la que registra una mayor diferencia salarial entre los empleados y su primer ejecutivo. La retribución media en Inditex fue de 21.763 euros, 366 veces menos de lo que recibió Isla.
¿Qué dicen los dueños de las empresas a todo esto? Poca cosa. El accionista español es tradicionalmente muy pasivo a la hora de exigir sus derechos. Pocos suelen asistir a las juntas, y quienes lo hacen recogen su regalo y aprueban sin rechistar lo que propongan los directivos de la empresa. No acaban de cuajar en nuestro país los movimientos de oposición a los altos salarios de sus directivos, que sí existen, por ejemplo, en Reino Unido.
En las juntas de accionistas celebradas en España en 2013, el voto de rechazo a las remuneraciones de los consejeros únicamente alcanzó el 7,5 por ciento de media.
Oliver Wendell Holmes, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, dijo en 1904 que los impuestos son «el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada». Si hacemos caso al magistrado norteamericano, España está a la cola de las naciones civilizadas de Europa.
«Los dueños de la energía en España caben en un taxi». La frase de Santiago Carcar, uno de los periodistas que mejor conoce las interioridades del negocio en nuestro país, va cargada de ironía, pero no puede ser más certera.
La fortuna de Juan Carlos de Borbón ha estado siempre rodeada de un manto de silencio por parte de los medios de comunicación. Tuvo que ser The New York Times el que hiciera por primera vez un cálculo del dinero amasado por el monarca en sus labores de «diplomático de los negocios». El periódico estadounidense recordaba que Juan Carlos llegó al trono «con prácticamente nada» y que poco a poco se labró una fortuna. «Al rey se le valora mucho en los círculos empresariales por actuar como intermediario y como embajador económico para su nación, pero la forma en que ha amasado su considerable fortuna personal permanece en secreto», agregaba el rotativo, que estimaba la riqueza de la familia real española en 1.790 millones de euros.
En muchas ocasiones, como veremos en el caso de las autopistas radiales de Madrid, las obras no sirven de nada ni satisfacen una necesidad de la sociedad. Sencillamente se hacen para pagar con dinero público millones de euros a unas empresas que luego premian generosamente a los partidos con sus donaciones en dinero negro. Así de claro y así de triste.
Si alguien en Cataluña representa al establishment, ese es el abogado Leopoldo Rodés, presidente de la agencia de publicidad Havas Media y consejero de Caixabank. Rodés fue uno de los principales promotores de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, junto a José Antonio Samaranch y su gran amigo Carlos Ferrer-Salat, entonces presidente de la CEOE. Junto al conde de Godó y José Manuel Lara, forma parte del tridente de empresarios señalados por el nacionalismo como acérrimos partidarios de que Cataluña siga formando parte de España.
Pero Rodés y su familia saben nadar y guardar la ropa. Su hijo Fernando es, además de vicepresidente de Havas, principal accionista del periódico Ara, uno de los medios nacidos en plena efervescencia independentista. Estando a buenas con todos —nacionalistas y no nacionalistas, izquierdas y derechas—, los Rodés tienen las espaldas bien cubiertas.
Cataluña también es sede de importantes empresas de los sectores de la alimentación, la farmacia o el inmobiliario. Su enorme tejido de medianas empresas hace que en la comunidad se concentren muchas de las personas más adineradas de España. Algunos son herederos de la burguesía de toda la vida; otros son hijos de inmigrantes que labraron sus fortunas desde cero a base de trabajo, astucia y buenos contactos.
Grifols es una de las empresas más internacionalizadas de España, y como tal muy poco dependiente del mercado nacional. El 92 por ciento de su facturación procede del extranjero. Está considerada por la revista Forbes como una de las cien empresas más innovadoras del mundo.
Jorge Gallardo es una de las mayores fortunas de Cataluña y de España. Presidente del laboratorio farmacéutico Almirall, este ingeniero industrial es junto a su hermano Antonio el principal accionista de la compañía. Ambos son herederos del fundador, Antonio Gallardo Carrera, que pasó de ejecutivo de Air France en Barcelona a fundar la que hoy es la mayor farmacéutica de España. La fortuna de los hermanos, según Forbes, roza los 2.000 millones de euros.
Lo dijo Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos: «Si me dieran a elegir entre un país con gobierno pero sin periódicos y un país con periódicos pero sin gobierno, optaría por lo segundo». Es hasta cierto punto lógico que muchos políticos españoles discrepen con Jefferson, pero lo que sí sorprende es que los propios propietarios de los periódicos prefieran un país con gobierno antes que un país con periódicos libres.
Algunos medios, los más precarios y con menos escrúpulos, recurren directamente a la extorsión: exigen a las empresas que les den publicidad bajo la amenaza de publicar informaciones perjudiciales contra ellas, reales o inventadas. Es una práctica muy conocida en la profesión, pero que nadie se atreve a denunciar. Hay empresas que dedican una parte de sus presupuestos de publicidad a pagar a estos extorsionadores y así se quedan tranquilas.
Con frecuencia los periodistas tutean a los grandes empresarios y a los políticos, a los que llaman por sus nombres de pila, eludiendo el distanciamiento que se supone en el ejercicio de su profesión.
El último en echar una mano a Prisa ha sido el magnate mexicano Roberto Alcántara Rojas, que inyectó 100 millones de euros en la compañía tras una ampliación de capital y se hizo así con el 9,3 por ciento de Prisa. Propietario de líneas de autobuses Autotransportes Mexicanos y de la aerolínea de bajo coste VivaAerobus, Alcántara es un empresario muy cercano al presidente de México, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y no oculta su pertenencia al partido. Desde que Peña Nieto llegó al poder, empresas de Alcántara han recibido importantes concesiones estatales, aunque él niega cualquier trato de favor.
A pesar de lo mucho que se han modernizado las técnicas de gestión de las grandes sociedades en los últimos años, el mundo corporativo español sigue siendo muy tradicional en las formas y en el fondo, proclive al compadreo y a la separación de roles entre hombre y mujer.
¿Son más eficientes las empresas con mujeres en puestos de responsabilidad? Numerosos estudios demuestran que las que presentan mayor diversidad en la cúpula directiva no solo tienden a obtener mejores resultados a largo plazo, sino que son más innovadoras y presentan menos conflictos.
Según la consultora McKinsey, los beneficios de las empresas con un equipo directivo paritario son un 56 por ciento superiores a los de aquellas gestionadas solo por hombres.
Tras analizar 290 compañías, Ernst &Young llegó a la conclusión de que las compañías con al menos una mujer en su Consejo de Administración tienen ingresos más altos que el resto y gestionan mejor el riesgo.
Credit Suisse analizó la marcha de 2.360 multinacionales durante seis años y detectó que las que tienen mujeres en puestos directivos superan en rentabilidad a sus competidoras con cúpulas exclusivamente masculinas, además de haber reducido su deuda con más facilidad.
Para demostrar que todos estos estudios tienen razón, una exejecutiva de Wall Street ha lanzado al mercado un fondo que únicamente invierte en las 400 empresas del mundo con mayor porcentaje de mujeres directivas.
Ante la lentitud con que marcha el proceso de integración de las mujeres en el mundo corporativo, algunas han decidido movilizarse. Es el caso de la abogada alemana Katharina Miller, presidenta de la asociación Paridad en Acción, que en 2014 se presentó en la Junta de Accionistas de Telefónica para pedir explicaciones de por qué solo había una mujer en el Consejo de Administración. «No se confundan: no vengo aquí en calidad de activista de género; vengo aquí para proteger mi inversión», dijo en su intervención.
Combatir las desigualdades va a ser uno de los grandes retos del siglo XXI. La propia OCDE, el club de los países más desarrollados del mundo, lo advierte claramente: cuanto mayor sea la desigualdad de renta entre los ciudadanos de un país, menor será su crecimiento económico.
La economía española debe abandonar patrones de competitividad basados en sueldos bajos, como ha venido haciendo en los últimos años, para crear un nuevo modelo que estimule la especialización, la innovación y la definición de sus marcas.
Alemania logró recuperarse rápidamente de la tragedia de la II Guerra Mundial, que dejó su economía en ruinas, pero contaba con una base muy fuerte que facilitó esa recuperación: ciudadanos bien formados, tradición industrial y exportadora, una cultura del esfuerzo muy arraigada y una posición geográfica en el centro de Europa. España deberá encontrar sus propias herramientas.
Como pasó en los años cincuenta del siglo pasado, España no tiene elección. Cambiar nuestro modelo económico es casi una cuestión de supervivencia. O lo hacemos, o estamos condenados a un largo periodo de estancamiento y alto desempleo.
El objetivo de este libro ha sido retratar el poder del dinero en España y explicar cómo su complicidad con el poder político supone un obstáculo al desarrollo de la sociedad, de la economía y del país en general. Espero haberlo conseguido.
En la economía española ya circula más dinero obtenido por la revalorización de acciones o depósitos, por ejemplo, que el procedente de los salarios.
La rebaja de las retribuciones que perciben la gran mayoría de los asalariados españoles es, junto al altísimo desempleo, la causa principal de la debilidad del consumo de las familias, principal motor.
La concentración del poder político y económico en unas pocas manos es uno de los grandes males de España y también una de las causas de su atraso con respecto a los países más avanzados de Europa.
Esta complicidad entre los poderosos crea el caldo de cultivo ideal para la corrupción, otro de los grandes males que aqueja al país en este comienzo de siglo. Durante mucho tiempo creímos que la corrupción era cosa de unos pocos constructores y concejales de urbanismo, pero en los últimos años hemos comprobado que la práctica del enriquecimiento ilegal está institucionalizada y que a menudo nuestros gobernantes actúan más como miembros de una banda del crimen organizado que como líderes de una democracia avanzada.
La banca española es uno de los sectores en los que el poder se está concentrando cada vez en menos manos. Como consecuencia del desplome de las cajas de ahorros, de 50 entidades financieras que había en España en 2009 hemos pasado a tener solo 14. El país va a salir de la crisis con solo tres entidades de gran tamaño: Santander, BBVA y Caixabank, cuyos directivos atesoran hoy más poder que nunca. Entre ellas controlan prácticamente el 50 por ciento del mercado bancario, algo que jamás había sucedido en la historia de España.
«el camino hacia el poder está asfaltado con hipocresía y víctimas».
La alianza entre los poderosos es en buena parte responsable del retraso tecnológico y de la falta de competitividad de España frente a otras economías industriales.
¿Quién se atreve a crear una empresa o a lanzarse a competir sabiendo que otros cuentan con el favor del Gobierno, de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento? Consciente de tener asegurado el negocio, la compañía privilegiada por los políticos de turno no tendrá la necesidad de invertir en I+D, mejorar la calidad del servicio o bajar sus precios. En suma, no creará riqueza.
Capitalismo clientelar o capitalismo de amiguetes; un sistema con apariencia de mercado libre pero que otorga un trato preferente a determinadas personas bien relacionadas.
«élites extractivas»: personas con buenas conexiones políticas que se apoderan de las rentas generadas por la economía productiva. El hartazgo causado por los abusos de estas élites extractivas es cada vez más manifiesto y está detrás del auge del movimiento independentista de Cataluña —paradójicamente alentado por parte de sus propias élites extractivas—, de la popularidad de alternativas políticas como Podemos y de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Nadie —ni los políticos, ni los banqueros, ni la prensa, ni los organismos encargados de supervisar el buen funcionamiento de los mercados— hizo sonar las alarmas. ¿Por qué? Porque todos estaban a lo suyo.
Asfixiados por las deudas, todos los grandes periódicos están hoy en manos de los bancos o de empresarios con nula vocación de servicio público. Incumpliendo la misión que la sociedad les otorga, hay periódicos, emisoras de radio y cadenas de televisión que han dejado de ofrecer a los ciudadanos información veraz, rigurosa e independiente sobre los manejos de la oligarquía política, empresarial y financiera.
En ocasiones da la impresión de que los políticos y los grandes empresarios nos tratan como a niños o, sencillamente, como a imbéciles. Pero no se trata de que los ciudadanos seamos tontos; es que estamos tan mal formados como informados.
La desigualdad ha pasado a ocupar un primer plano, al menos en los círculos académicos, políticos y periodísticos, gracias al éxito del libro El capital en el siglo xxi, del economista francés Thomas Piketty. La obra sostiene que las desigualdades seguirán creciendo mientras las rentas del capital aumenten a mayor ritmo que las rentas del trabajo.
En España no tenemos un Bill Gates, un Steve Jobs o un Mark Zuckerberg. Los creadores de gigantes tecnológicos como Microsoft, Apple y Facebook se hicieron ricos a base de explorar nuevos territorios, comenzando a trabajar en un garaje o en la habitación de un colegio mayor con sus ideas como principales herramientas. Reconozcámoslo, aunque nos duela: España no es país para emprendedores e innovadores.
Salvo contadas excepciones, los ricos españoles han hecho su dinero gracias a las concesiones de obras, los contratos de suministro y la recalificación de terrenos, casi siempre a la sombra de las decisiones políticas.
Esta situación frena la modernización de la economía porque al privilegiar a unos pocos agentes con buenas conexiones desincentiva la aparición en escena de nuevos actores más eficientes e innovadores.
Según un informe de Credit Suisse, el 10 por ciento más rico de los españoles poseía en 2014 el 55,6 por ciento de la riqueza, 3,6 puntos porcentuales más que al comienzo de la crisis.
Al repasar la lista de Forbes llama la atención que la mayoría de los ricos españoles guarda su dinero fuera del país. Según la revista, muchos de ellos tienen su fortuna en lugares como Países Bajos, Luxemburgo y Suiza. Los motivos son las ventajas fiscales, en el caso de los dos primeros, y el secreto bancario en el del tercero.
Mercadona es, sin duda, uno de los modelos empresariales de mayor éxito en España. Su principal accionista, Juan Roig, ha construido desde Valencia un imperio capaz de plantar cara a gigantes como Carrefour o El Corte Inglés.
Uno de los hombres más ricos e influyentes de España fue hasta su fallecimiento, en 2007, Jesús de Polanco, máximo accionista del Grupo Prisa y uno de los empresarios más cercanos a los gobiernos de Felipe González. Su fortuna prácticamente se ha evaporado debido a la caída del valor en bolsa de la compañía y a que la familia controla un porcentaje cada vez menor del capital debido a la entrada de nuevos accionistas. La cuestionada gestión de quien fuera su mano derecha en el grupo de comunicación más importante de España, Juan Luis Cebrián, ha colocado al grupo al borde de la quiebra. Con una deuda que llegó a superar los 5.000 millones de euros, Prisa ha tenido que ser rescatada por los bancos acreedores, especuladores estadounidenses y hombres de negocios mexicanos conectados con el presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los hijos de Jesús de Polanco —Ignacio, María Jesús y Manuel (Isabel, destinada a heredar el timón del grupo, falleció ocho meses después que su padre)— han dicho adiós a buena parte del dinero heredado del magnate cántabro. A su muerte, Jesús de Polanco poseía la quinta fortuna de España.
Tras la reestructuración del mercado bancario, el poder económico se ha concentrado también geográficamente, al abandonar las comunidades autónomas periféricas y centrar aún más la toma de decisiones en Madrid y Barcelona. El desastre de las cajas de ahorros ha hecho desaparecer entidades que desempeñaban un papel clave en la financiación de pequeñas y medianas empresas en muchos rincones del país a los que no llegaba la banca tradicional.
Mientras que los grandes bancos han centrado tradicionalmente sus actividades en grandes operaciones, participaciones industriales y gestión de patrimonios, las cajas se dedicaban sobre todo a la llamada banca de proximidad, dando crédito a la economía productiva. Es decir, daban préstamos a quienes no podrían conseguirlo en los bancos. Varias comunidades se han quedado sin entidades capaces de apoyar iniciativas empresariales, culturales y sociales.
Como si de los Astérix y Obélix del sistema financiero se trataran, dos entidades, las cajas de ahorros de Ontinyent (Valencia) y Pollença (Mallorca) se han resistido a caer. Ambas se mantuvieron al margen de compras, fusiones y nacionalizaciones y han optado por no convertirse en bancos. Caixa Ontinyent fue fundada en 1884 y hasta 1965 solo tuvo una sucursal. En 2014 tenía 47 oficinas repartidas por toda la Comunidad Valenciana. Algo más pequeña pero también centenaria, Caixa Pollença centra su actividad en las islas Baleares, donde tiene 17 sucursales. Ambas cajas se mantienen fieles a su espíritu original: dar apoyo a los pequeños empresarios locales y reinvertir los beneficios en sus respectivas comunidades.
¿Cómo ejerce la banca su influencia en el poder político? Principalmente, financiando proyectos que interesan a los responsables de una administración —inversiones de determinadas empresas, obras públicas, etcétera— o ayudando al Estado a sortear los problemas financieros derivados de la crisis; por ejemplo, con la compra masiva de bonos del Tesoro, como ha sucedido en los últimos años para evitar una subida excesiva de la prima de riesgo y salvar a España del rescate.
La banca siempre gana: son empresas privadas cuando tienen beneficios y públicas cuando pierden. Al capitalizar los beneficios y socializar las pérdidas, se reserva para sí lo mejor del capitalismo y deja lo peor para los demás.
¿Son delincuentes los dirigentes de los bancos que contribuyeron a causar la crisis? Como decía John Cassidy en la revista The New Yorker, los responsables de lo sucedido no son particularmente inteligentes ni particularmente tontos, sino personas carentes de escrúpulos; gente que ha sabido cultivar ciertas amistades y que tuvieron la suerte de estar en el lugar adecuado durante la burbuja de crédito y el todo vale. Son, claramente, personas codiciosas y negligentes, como sostiene Cassidy, pero no es fácil probar ante los tribunales que cometieron fraude.
El único condenado hasta finales del año 2014 por el caso Caja Madrid es el juez Elpidio Silva, que no podrá volver a ejercer su profesión por haber encarcelado a Miguel Blesa de manera irregular. Aunque su condena sea justa con la ley en la mano, no deja de ser una ironía que los directivos de Bankia lleven una vida normal mientras el juez Silva está inhabilitado. Como el caso de Alfredo Sáenz, el banquero del Santander indultado por el Gobierno, la rápida condena al juez Silva alimenta la sospecha de que la ley no se aplica con el máximo rigor a los más poderosos.
En una ocasión Botín se presentó ante el rey Juan Carlos vestido con pantalón corto rojo, polo del mismo color y zapatillas deportivas. Fue en un hotel de Brasil y el presidente del Santander venía de jugar al golf. La anécdota ilustra cómo el primer banquero de España creía estar por encima de todo protocolo. Daba igual quién estuviera delante: el poderoso era él.
Botín siempre apoyó al gobierno de turno, sin importar si era del Partido Socialista o del Partido Popular, seguro de que ninguno osaría llevarle la contraria en asuntos de relevancia. Con frecuencia utilizaba con los políticos un tono paternalista, como dándoles una palmada en la espalda y diciéndoles: «Lo estáis haciendo bien, muchachos».
A Francisco González, presidente del BBVA, le gusta presentarse como un banquero de corte anglosajón, celosamente independiente y ajeno a las intrigas del poder político. Para diferenciarse de quien fuera su gran rival, Emilio Botín, González presume de que no necesita influir en los gobiernos para hacer negocios.
La actitud displicente del exlíder del PSOE es una muestra de lo alejadas que las élites están del ciudadano de a pie y de la nula preocupación que muchos políticos sienten por los conflictos de intereses entre sus actividades públicas y privadas. ¿Qué pensarían los miles de pequeños accionistas de Gas Natural al oír que uno de los consejeros de la compañía se aburre en las reuniones? ¿Y los ciudadanos, que prácticamente no tienen otra opción a la hora de contratar el suministro de gas y que pagan por él una fortuna?
A José María Aznar tampoco le va mal económicamente tras entrar en el mundo de los negocios. Un político con una agenda como la suya abre muchas puertas y consigue que ministros y altos cargos reciban a representantes de empresas interesadas en hacerse con suculentos contratos. El expresidente del Gobierno es asesor externo de la presidencia de Endesa, y por ello recibe una retribución de 200.000 euros al año. Es también consejero del grupo de comunicación News Corporation, propiedad del magnate Rupert Murdoch, donde gana una cantidad similar. Además da clases en la Universidad de Georgetown y en el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), asesora al Consejo Atlántico y preside la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), un centro de estudios vinculado al PP. Como conferenciante, cobra entre 25.000 y 40.000 dólares por intervención, según la página web del Washington Speaker Bureau, una empresa de contratación de figuras de la política, el deporte y la motivación que tiene a Aznar en su catálogo de expertos. Los honorarios del expresidente corresponden a la tarifa 5, la segunda más cara de la lista.
Para justificar el fichaje de políticos las empresas suelen argumentar que se trata de personas de experiencia y criterio, pero en realidad no se les contrata por su competencia profesional o su conocimiento técnico del sector en cuestión, sino por sus contactos, su dominio de los resortes del poder o simplemente por su mera pertenencia a una casta dominante que no suele dejar tirados a sus miembros.
Por ello el fenómeno de las puertas giratorias se da con más frecuencia en mercados como la energía, la banca, las telecomunicaciones o la asistencia sanitaria, en los que la cuenta de resultados de una empresa depende en buena parte de la regulación y la supervisión del Gobierno. Cualquier decisión en esta materia puede suponer decenas o centenares de millones de euros de beneficios o pérdidas. Es un fenómeno que no solo se da en España: el alemán Gerhard Schröder fichó por Gazprom tan solo semanas después de que el gobierno que presidía llegase a un acuerdo de aprovisionamiento de gas con la empresa rusa.
Los dirigentes empresariales españoles buscan, por regla general, rodearse de una corte de colaboradores fieles que no pongan en cuestión ni su liderazgo ni sus decisiones, por equivocadas o poco éticas que sean, y dan entrada en sus consejos de administración a personas que, en muchos casos, defienden sus propios intereses y los de los gestores en lugar de los de los accionistas, auténticos propietarios de las empresas. El llamado buen gobierno empresarial brilla por su ausencia en demasiadas ocasiones.
En su obra El nuevo estado industrial, Galbraith describe el capitalismo de las grandes corporaciones como una excrecencia del mundo neoclásico del monopolio y el oligopolio. En ellas los accionistas tienen un poder despreciable y quienes realmente las gobiernan son los ejecutivos, más pendientes de los beneficios a corto plazo que del futuro de la compañía.
Tradicionalmente ser nombrado consejero de una gran empresa era la culminación de toda una carrera. A partir de ahí, con demasiada frecuencia, la única preocupación de los consejeros era mantenerse en el puesto sin importar cómo, diciendo siempre sí a los jefes en agradecimiento. Con estas y otras artimañas, los ejecutivos se han hecho con todo el poder en algunas empresas y las gestionan a su antojo, apenas sin control. Por todo ello no es extraño que el World Competitiveness Report del Foro Económico Mundial coloque a España en el puesto número 93 en lo que se refiere a la efectividad de los consejos de administración.
Los consejeros dominicales habitualmente representan a los grandes accionistas de la compañía, mientras que los independientes, supuestamente ajenos a los intereses de la empresa, velan por los intereses de todos. Entre la labor de los consejeros no ejecutivos está el hacer preguntas sobre la marcha de la compañía, por incómodas que sean para los ejecutivos. Deben tener un conocimiento profundo sobre el negocio de la empresa y no limitarse a acudir a los consejos a sentarse cómodamente y llevarse sus dietas. Es imprescindible que adopten una posición crítica, constructiva, algo que desgraciadamente no sucede en demasiadas ocasiones.
Se supone que los consejeros independientes son personas de alta capacitación que prestan a la empresa sus conocimientos y su experiencia. Desgraciadamente, la tradición española no otorga a este tipo de consejeros el valor que exigen las normas de buen gobierno. En muchos casos, como hemos visto, se eligen personas ligadas a partidos políticos y con intereses en otras compañías.
«España tiene los mejores directivos del mundo», dijo en una ocasión César Alierta. Es difícil saber si el presidente de Telefónica está en lo cierto, pero lo que sí es seguro es que los directivos españoles están entre los mejor pagados, sobre todo si comparamos sus retribuciones con el tamaño de nuestra economía y con lo que gana el grueso de los asalariados.
Según un estudio de la escuela de negocios EADA y la consultora de recursos humanos ICSA, el salario medio de los directivos creció un 16,9 por ciento entre 2007 y 2013, mientras que los sueldos de los empleados de base lo hicieron solo en un 8,78 por ciento y el de los puestos intermedios un 4,9 por ciento. Teniendo en cuenta que la inflación acumulada en ese periodo fue del 13,5 por ciento, vemos que los directivos han sido los únicos asalariados que han incrementado su poder adquisitivo.
El ejecutivo mejor pagado de España es Pablo Isla, presidente de Inditex. Entre sueldo y pensión, Isla se embolsó 7,9 millones de euros en 2013. Es precisamente la empresa textil la que registra una mayor diferencia salarial entre los empleados y su primer ejecutivo. La retribución media en Inditex fue de 21.763 euros, 366 veces menos de lo que recibió Isla.
¿Qué dicen los dueños de las empresas a todo esto? Poca cosa. El accionista español es tradicionalmente muy pasivo a la hora de exigir sus derechos. Pocos suelen asistir a las juntas, y quienes lo hacen recogen su regalo y aprueban sin rechistar lo que propongan los directivos de la empresa. No acaban de cuajar en nuestro país los movimientos de oposición a los altos salarios de sus directivos, que sí existen, por ejemplo, en Reino Unido.
En las juntas de accionistas celebradas en España en 2013, el voto de rechazo a las remuneraciones de los consejeros únicamente alcanzó el 7,5 por ciento de media.
Oliver Wendell Holmes, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, dijo en 1904 que los impuestos son «el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada». Si hacemos caso al magistrado norteamericano, España está a la cola de las naciones civilizadas de Europa.
«Los dueños de la energía en España caben en un taxi». La frase de Santiago Carcar, uno de los periodistas que mejor conoce las interioridades del negocio en nuestro país, va cargada de ironía, pero no puede ser más certera.
La fortuna de Juan Carlos de Borbón ha estado siempre rodeada de un manto de silencio por parte de los medios de comunicación. Tuvo que ser The New York Times el que hiciera por primera vez un cálculo del dinero amasado por el monarca en sus labores de «diplomático de los negocios». El periódico estadounidense recordaba que Juan Carlos llegó al trono «con prácticamente nada» y que poco a poco se labró una fortuna. «Al rey se le valora mucho en los círculos empresariales por actuar como intermediario y como embajador económico para su nación, pero la forma en que ha amasado su considerable fortuna personal permanece en secreto», agregaba el rotativo, que estimaba la riqueza de la familia real española en 1.790 millones de euros.
En muchas ocasiones, como veremos en el caso de las autopistas radiales de Madrid, las obras no sirven de nada ni satisfacen una necesidad de la sociedad. Sencillamente se hacen para pagar con dinero público millones de euros a unas empresas que luego premian generosamente a los partidos con sus donaciones en dinero negro. Así de claro y así de triste.
Si alguien en Cataluña representa al establishment, ese es el abogado Leopoldo Rodés, presidente de la agencia de publicidad Havas Media y consejero de Caixabank. Rodés fue uno de los principales promotores de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, junto a José Antonio Samaranch y su gran amigo Carlos Ferrer-Salat, entonces presidente de la CEOE. Junto al conde de Godó y José Manuel Lara, forma parte del tridente de empresarios señalados por el nacionalismo como acérrimos partidarios de que Cataluña siga formando parte de España.
Pero Rodés y su familia saben nadar y guardar la ropa. Su hijo Fernando es, además de vicepresidente de Havas, principal accionista del periódico Ara, uno de los medios nacidos en plena efervescencia independentista. Estando a buenas con todos —nacionalistas y no nacionalistas, izquierdas y derechas—, los Rodés tienen las espaldas bien cubiertas.
Cataluña también es sede de importantes empresas de los sectores de la alimentación, la farmacia o el inmobiliario. Su enorme tejido de medianas empresas hace que en la comunidad se concentren muchas de las personas más adineradas de España. Algunos son herederos de la burguesía de toda la vida; otros son hijos de inmigrantes que labraron sus fortunas desde cero a base de trabajo, astucia y buenos contactos.
Grifols es una de las empresas más internacionalizadas de España, y como tal muy poco dependiente del mercado nacional. El 92 por ciento de su facturación procede del extranjero. Está considerada por la revista Forbes como una de las cien empresas más innovadoras del mundo.
Jorge Gallardo es una de las mayores fortunas de Cataluña y de España. Presidente del laboratorio farmacéutico Almirall, este ingeniero industrial es junto a su hermano Antonio el principal accionista de la compañía. Ambos son herederos del fundador, Antonio Gallardo Carrera, que pasó de ejecutivo de Air France en Barcelona a fundar la que hoy es la mayor farmacéutica de España. La fortuna de los hermanos, según Forbes, roza los 2.000 millones de euros.
Lo dijo Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos: «Si me dieran a elegir entre un país con gobierno pero sin periódicos y un país con periódicos pero sin gobierno, optaría por lo segundo». Es hasta cierto punto lógico que muchos políticos españoles discrepen con Jefferson, pero lo que sí sorprende es que los propios propietarios de los periódicos prefieran un país con gobierno antes que un país con periódicos libres.
Algunos medios, los más precarios y con menos escrúpulos, recurren directamente a la extorsión: exigen a las empresas que les den publicidad bajo la amenaza de publicar informaciones perjudiciales contra ellas, reales o inventadas. Es una práctica muy conocida en la profesión, pero que nadie se atreve a denunciar. Hay empresas que dedican una parte de sus presupuestos de publicidad a pagar a estos extorsionadores y así se quedan tranquilas.
Con frecuencia los periodistas tutean a los grandes empresarios y a los políticos, a los que llaman por sus nombres de pila, eludiendo el distanciamiento que se supone en el ejercicio de su profesión.
El último en echar una mano a Prisa ha sido el magnate mexicano Roberto Alcántara Rojas, que inyectó 100 millones de euros en la compañía tras una ampliación de capital y se hizo así con el 9,3 por ciento de Prisa. Propietario de líneas de autobuses Autotransportes Mexicanos y de la aerolínea de bajo coste VivaAerobus, Alcántara es un empresario muy cercano al presidente de México, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y no oculta su pertenencia al partido. Desde que Peña Nieto llegó al poder, empresas de Alcántara han recibido importantes concesiones estatales, aunque él niega cualquier trato de favor.
A pesar de lo mucho que se han modernizado las técnicas de gestión de las grandes sociedades en los últimos años, el mundo corporativo español sigue siendo muy tradicional en las formas y en el fondo, proclive al compadreo y a la separación de roles entre hombre y mujer.
¿Son más eficientes las empresas con mujeres en puestos de responsabilidad? Numerosos estudios demuestran que las que presentan mayor diversidad en la cúpula directiva no solo tienden a obtener mejores resultados a largo plazo, sino que son más innovadoras y presentan menos conflictos.
Según la consultora McKinsey, los beneficios de las empresas con un equipo directivo paritario son un 56 por ciento superiores a los de aquellas gestionadas solo por hombres.
Tras analizar 290 compañías, Ernst &Young llegó a la conclusión de que las compañías con al menos una mujer en su Consejo de Administración tienen ingresos más altos que el resto y gestionan mejor el riesgo.
Credit Suisse analizó la marcha de 2.360 multinacionales durante seis años y detectó que las que tienen mujeres en puestos directivos superan en rentabilidad a sus competidoras con cúpulas exclusivamente masculinas, además de haber reducido su deuda con más facilidad.
Para demostrar que todos estos estudios tienen razón, una exejecutiva de Wall Street ha lanzado al mercado un fondo que únicamente invierte en las 400 empresas del mundo con mayor porcentaje de mujeres directivas.
Ante la lentitud con que marcha el proceso de integración de las mujeres en el mundo corporativo, algunas han decidido movilizarse. Es el caso de la abogada alemana Katharina Miller, presidenta de la asociación Paridad en Acción, que en 2014 se presentó en la Junta de Accionistas de Telefónica para pedir explicaciones de por qué solo había una mujer en el Consejo de Administración. «No se confundan: no vengo aquí en calidad de activista de género; vengo aquí para proteger mi inversión», dijo en su intervención.
Combatir las desigualdades va a ser uno de los grandes retos del siglo XXI. La propia OCDE, el club de los países más desarrollados del mundo, lo advierte claramente: cuanto mayor sea la desigualdad de renta entre los ciudadanos de un país, menor será su crecimiento económico.
La economía española debe abandonar patrones de competitividad basados en sueldos bajos, como ha venido haciendo en los últimos años, para crear un nuevo modelo que estimule la especialización, la innovación y la definición de sus marcas.
Alemania logró recuperarse rápidamente de la tragedia de la II Guerra Mundial, que dejó su economía en ruinas, pero contaba con una base muy fuerte que facilitó esa recuperación: ciudadanos bien formados, tradición industrial y exportadora, una cultura del esfuerzo muy arraigada y una posición geográfica en el centro de Europa. España deberá encontrar sus propias herramientas.
Como pasó en los años cincuenta del siglo pasado, España no tiene elección. Cambiar nuestro modelo económico es casi una cuestión de supervivencia. O lo hacemos, o estamos condenados a un largo periodo de estancamiento y alto desempleo.
El objetivo de este libro ha sido retratar el poder del dinero en España y explicar cómo su complicidad con el poder político supone un obstáculo al desarrollo de la sociedad, de la economía y del país en general. Espero haberlo conseguido.